Se prevé la legalización de las construcciones ilegales y la flexibilización del alquiler vacacional
El nuevo gobierno de las Islas Baleares marca prioridades: legalizar la construcción ilegal y flexibilizar el alquiler vacacional. Aunque todavía está pendiente un proyecto de ley concreto, hay indicios de que estas cuestiones candentes pronto podrían abordarse.
En este artículo, veremos los cambios de reglas planificados y el cronograma.
Legalización basada en el modelo 2014
El lado positivo para muchos propietarios y aquellos que quieren serlo son los debates actuales sobre la legalización de las construcciones ilegales.
Hay indicios de que el gobierno de las Islas Baleares podría aprovechar la ley de 2014, que permitía legalizar la construcción ilegal bajo ciertas condiciones. En aquel entonces, los propietarios tenían tres años para legalizar sus construcciones ilegales. Sin embargo, esta “amnistía” fue levantada después de sólo un año y medio debido a un cambio de gobierno.
Hay varias razones por las que el gobierno quiere implementar esta medida rápidamente. Una de ellas es que la situación se ha vuelto insostenible para los propietarios y las comunidades. Muchos edificios ilegales no se pueden demoler porque están protegidos. Los procedimientos de aprobación de renovaciones son imposibles debido a la situación jurídica poco clara.
La nueva normativa podría exigir que los edificios sean más eficientes energéticamente y que se requieran instalaciones que utilicen menos agua. Sin embargo, aún no se conocen detalles más precisos.
Los expertos esperan que la ley pueda aprobarse a finales de primavera o principios de verano, aunque el contenido aún se está discutiendo intensamente.
La moratoria de las licencias podría caer
El segundo problema se refiere a los alquileres vacacionales, que se han visto severamente restringidos por las leyes de 2017 y la moratoria de 2022.
El gobierno conservador planea aliviar algunas de estas restricciones. Por tanto, se eleva el límite superior del número de camas. También se podría dejar que los consejos insulares decidan cuántas licencias emitirán en sus zonas.
Sin embargo, no está claro cuán radicales serán estos cambios, ya que deben tener en cuenta los intereses de los hoteleros que, como lo demuestra la experiencia, se oponen a una liberalización demasiado generosa.
Queda por ver cómo se desarrollarán las reformas, pero lo que es seguro es que el gobierno está trabajando en estos temas y habrá más información a medida que esté disponible.
Este artículo fue elaborado por la firma fiscal y jurídica PlattesGroup con sede en Palma de Mallorca.